Hace dos semanas nos ocupamos en este espacio del millonario pleito que perdió Colombia contra Telefónica, una disputa originada en los contratos de concesión de telefonía móvil celular firmados en 1994 y, en particular, en la pelea sobre qué debía revertir al Estado al terminar esas concesiones. El caso terminó con un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que condenó al país a pagarle a la multinacional española 379,8 millones de dólares, más intereses, y volvió a poner bajo la lupa una vieja cadena de decisiones, mensajes oficiales y errores de interpretación que hoy tienen al Estado tratando de evitar, en París, que esa millonaria cuenta quede en firme.
Uno de los momentos más dicientes de esta historia ocurrió en el Congreso, en la Comisión Sexta del Senado, el 27 de noviembre de 2012. Allí quedaron expuestas dos visiones opuestas sobre el alcance de la reversión. De un lado, el entonces ministro TIC, Diego Molano Vega, defendió la tesis de que la Ley 1341 era clara al señalar que la reversión se limitaba al espectro. Su argumento era práctico: si la infraestructura también debía volver al Estado, nadie invertiría en redes. Del otro lado, la entonces contralora Sandra Morelli sostuvo una posición contraria. Dijo que, si se trataba de una concesión, la reversión era un elemento esencial del contrato y que vaciarla de contenido desfiguraba la figura misma de la concesión y afectaba el patrimonio público.
Ese choque tenía un elemento adicional. Antes de llegar al Gobierno de Juan Manuel Santos, Diego Molano Vega había trabajado en BellSouth y en Telefónica. En documentos oficiales de MinTIC figura como exdirector de Asuntos Regulatorios y Gobierno de BellSouth International y exsubdirector general de Relaciones Corporativas del Grupo Telefónica. Ese antecedente hacía más sensible que, ya como ministro, defendiera en el Congreso una tesis que después resultó útil para Telefónica en el pleito internacional.
Morelli no se quedó en el debate. En esa misma sesión anunció que la Contraloría había contratado al exmagistrado Jorge Arango Mejía para demandar la Ley 422 de 1998, al considerar que esa norma había vaciado la reversión propia de la concesión y lesionado el patrimonio público. Meses después, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-555 de 2013, fijó una línea en ese mismo sentido: en los contratos celebrados antes de 1998 debía respetarse la cláusula de reversión pactada originalmente.
Esa interpretación terminó siendo decisiva. En 2016, MinTIC llevó el caso a arbitraje y, el 25 de julio de 2017, el tribunal concluyó que la reversión de activos era exigible. En el caso de la subsidiaria de Telefónica, la condena rondó los 1,6 billones de pesos y se pagó el 29 de agosto de ese año.
Pero ahí apareció otra paradoja. El Estado era acreedor de la deuda y, al mismo tiempo, accionista de la empresa obligada a pagarla. Ese mismo día, el Gobierno Santos expidió el Decreto 1435, ordenó la capitalización de Colombia Telecomunicaciones y permitió que una parte de la condena se cubriera mediante “sustitución de activos”. Telefónica pagó una parte en dólares y completó el saldo, unos 536.578 millones de pesos, con acciones. El Estado ganó el laudo, pero también le abrió a la empresa una salida para completar el pago.
Ahora el país está contra el reloj. La audiencia de junio en París es, de momento, la única carta fuerte que le queda a Colombia para intentar tumbar el laudo que favoreció a Telefónica. El problema es que el margen es estrecho. La anulación no reabre todo el pleito ni funciona como una segunda instancia; solo permite controvertir errores muy concretos del laudo. Y, mientras esa audiencia llega, Colombia ya perdió una protección clave: el comité no mantuvo suspendida la ejecución del fallo porque el país no presentó la garantía bancaria exigida.
Quizá lo más amargo, por ahora, es que los recursos pagados por Telefónica en 2017 no entraron al MinTIC, sino al Tesoro Nacional. Es posible que se hayan utilizado para cubrir alguno de los tantos huecos y apremios fiscales de la nación. Pero no se usaron para construir infraestructura en telecomunicaciones.
Durante la pandemia, fue la conectividad la que ayudó a sobrellevar la crisis. El teletrabajo, la telemedicina y la educación remota dieron prueba de ello. Construir infraestructura en comunicaciones salva vidas, ayuda a cerrar brechas y abre una ventana al conocimiento, a la información y al mundo a poblaciones de zonas apartadas del país.
Esa plata se usó en otras cosas. Hoy estamos a meses de tener que devolver lo que recibimos, más intereses. Y el país sigue con una enorme deuda en materia de conectividad con los colombianos del campo y de regiones apartadas.
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