Las elecciones que se inician el próximo domingo no son lo que deberían ser. En el pasado, ese ejercicio democrático era la oportunidad de ajustar el rumbo, darles espacio a nuevas ideas, permitir la resolución de los conflictos entre diferentes visiones de país.
Sin embargo, en el 2026 el proceso electoral tiene un carácter muy distinto a las ocasiones anteriores. El presidente Petro y el Pacto Histórico ven estas elecciones como el asalto final a la democracia. Desde la Casa de Nariño y desde el Ministerio del Interior se ha fraguado una estrategia para garantizar a toda costa una victoria decisiva que les permitirá consolidar y perpetuar su modelo estatista y autoritario.
Petro y su gabinete se han brincado todos los fundamentos legales y constitucionales que impiden explícitamente la participación en política del primer mandatario y de todos los funcionarios públicos. Es tan protuberante la violación a las garantías electorales a cargo de Petro y sus muchachos, que Iván Cepeda no ha tenido que hacer campaña. El candidato del Pacto Histórico va en coche porque el presidente y sus funcionarios andan dedicados al proselitismo con plata del erario público.
Otro frente clave del plan del petrismo es acosar e intimidar agresivamente a las autoridades e instituciones electorales, tratando de deslegitimar los resultados oficiales. De una parte, el presidente Petro cuestiona a la Registraduría en su independencia y la emprende contra la infraestructura de sistemas y de organización para el conteo de votos; y de otra, está activamente montando una “registraduría popular”, enlistando activistas pagados como testigos y observadores para actuar por la fuerza en contra de las urnas, los jurados y las elecciones. Si los resultados no favorecen a sus candidatos veremos a un Gustavo Petro, a la Trump, desde la Casa de Nariño, llamando a una insurrección por un supuesto fraude a la voluntad popular.
Es obligación de todo demócrata, independientemente de su posición ideológica, rodear y respaldar al señor registrador nacional, Hernán Penagos, ante este embate contra las instituciones electorales dirigido directamente desde la Casa de Nariño.
Con absoluto desdén por la grave situación fiscal, el Gobierno Petro se ha dedicado a incrementar el gasto público de manera agresiva. El déficit llega al 7.7 por ciento del PIB con crecimientos en el presupuesto nacional por encima del 10 por ciento, acelerando la participación del sector público en la economía a niveles históricos. En el último año, el número de contratos temporales creció en 52.6 por ciento y el valor de dichos contratos se incrementó en 68.2 por ciento**.**
Para seguir consiguiendo recursos, el Gobierno ha abusado de las facultades excepcionales de la emergencia económica. La semana pasada decretó impuestos de pago prácticamente inmediato, como el del impuesto al patrimonio a las empresas, que generará una bonanza de ingresos que no tiene justificación alguna o relación con las causales de la emergencia. Además, Petro se dio autoridad a sí mismo para gastar esos recursos con contratación a dedo, precisamente en las semanas previas a las elecciones presidenciales.
El incremento del salario mínimo para 2026 fue claramente diseñado para producir un tsunami de respaldo y favorabilidad para Petro y el Pacto Histórico, tal como lo hizo Chávez. Efectivamente, el dictador venezolano incrementó el salario mínimo seis meses antes de las elecciones de 2012, en 32,35 por ciento. Petro decretó un incremento del 23 por ciento violando todas las normas establecidas para definir ese aumento, como fue proclamado por el Consejo de Estado. A Petro no le importa que no haya inversión y que la economía se desbarate en seis meses con tal de que el Pacto Histórico gane las elecciones.
Dicho incremento salarial significó que los trabajadores, los pensionados, muchos sindicalizados e incluso los empleados informales recibirán un ingreso adicional, sobre el que no tenían ninguna expectativa, de 26 billones de pesos. El incremento benefició directamente a 6,3 millones de personas que representan un potencial electoral bruto de 7,9 millones de votantes. Petro usa la plata del salario pagado por los empleadores para comprar votos y favorabilidad. Y ayer, a una semana de las elecciones, Petro anuncia además una nueva reducción de 500 pesos en el precio de la gasolina.
Y finalmente el Gobierno está acelerando un “pacto de La Picota” ampliado. Aprovechando la Paz Total como mampara, el Gobierno está haciendo gestos de inmensa generosidad otorgando estatus político a diestra y siniestra, además de ofrecer concesiones a las organizaciones criminales, a los guerrilleros, a los neo-paramilitares, a las bandas multicrimen. El mensaje es evidente: todas las gabelas que están recibiendo dependerán de que el Pacto Histórico siga en el poder y controle el Legislativo. Dado que el control territorial de estos grupos incluye un estricto control social y político de las comunidades, la solidaridad de los criminales podrá aportarle al Pacto Histórico entre dos y tres millones de votos.
No va a ser fácil contrarrestar esta avalancha de maniobras del petrismo para perpetuarse en el poder. Por ahora están logrando su objetivo. Los electores, los candidatos y todos quienes no quieran vivir bajo el absolutismo petrista tendremos que ser mucho más eficaces. Es indispensable hacer un ejercicio de convergencia y generosidad que permita frenar esa ofensiva del Pacto Histórico para obtener la victoria final.
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