Los colombianos aprendimos a respetar las decisiones de las urnas. La institucionalidad electoral ha sido capaz de realizar elecciones con una notable eficacia, exactitud y transparencia. A pesar de las debilidades que persisten y de la complejidad del escenario político y de violencia, el sistema electoral ha garantizado recurrentemente la manifestación incuestionable de la voluntad popular. Así ocurrió el pasado 8 de marzo como fue reconocido ampliamente por la ciudadanía. La calidad democrática de los comicios también fue elogiada por todos los observadores internacionales y por analistas imparciales de todos los pelambres.
El carácter democrático de las elecciones en las últimas décadas nos ha hecho olvidar la sangrienta y dolorosa historia que ha vivido Colombia en materia de violencia electoral. Las elecciones no se ganaban en la leal competencia de las ideas. Quien se tomase el aparato electoral garantizaba la victoria en las urnas y el control del Estado. En esa época, la convicción generalizada de que “quien escruta elige” llevó a luchar por el control de la institucionalidad electoral convirtiendo las elecciones, literalmente, en un campo de batalla. Esas guerras electorales fueron superadas por el Frente Nacional, pero sin embargo revivieron cuando el régimen bipartidista usurpó la victoria a Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la Anapo, el 19 de abril de 1970.
La Constitución de 1991, resultado de un acuerdo nacional y una Constituyente, en la que participó el M-19 surgido precisamente de ese oscuro episodio de fraude electoral, creó una nueva legitimidad y un marco institucional que cerró ese nuevo ciclo de guerra política y electoral. Ahora Petro parecería desear que el país regrese a los tiempos superados de la violencia electoral.
Al igual que Laureano Gómez a mediados del siglo pasado, con el mismo populismo autoritario y con igual retórica de la mentira y el odio, Gustavo Petro está construyendo una narrativa de desconfianza sistémica hacia la organización electoral. Está dedicado, usando los recursos y medios públicos, a convencer al país —y en particular a sus seguidores— de que se está cocinando un fraude para las elecciones de 2026.
Reviven hoy las falacias de Laureano en la garganta de Petro. Decía el admirador de Mussolini e instigador de la violencia contra los liberales que “la cédula no es el documento de la ciudadanía, es el salvoconducto de la impostura. Es el instrumento con el que el régimen pretende perpetuar su usurpación”. Entre esa objeción a la cédula y los ataques falaces de Petro contra el “software” y los “algoritmos” hay poca diferencia. El millón de cédulas falsas en manos de liberales —uno de los más peligrosos mitos sembrados por Laureano— se repite en versión contemporánea cuando Petro insinúa que ya se han realizado tratativas entre un candidato, que busca ganar a toda costa y no importa el medio, y los dueños de la una supuesta empresa escrutadora. En varias declaraciones públicas y a la prensa internacional intenta demoler la legitimidad de la Registraduría y de la organización electoral señalando que siempre ha habido fraude y que es una mentira que el sistema electoral haya mejorado en los últimos 30 años: “En Colombia siempre ha existido fraude”, dijo.
La falsedad de las afirmaciones del presidente Petro quedó confirmada en sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó al mandatario rectificar, a través de su cuenta en X, las afirmaciones en las que señaló fraude electoral en las elecciones al Senado de 2014, en las legislativas de 2022 y en las del pasado 8 de marzo.
¿Qué pretende Petro insistiendo en fantasiosos fraudes a la voluntad popular y en conspiraciones inexistentes contra su candidato? Al contestar a la pregunta de un periodista de si respetaría el resultado de las elecciones sea quien sea, Petro dice que sí, pero con una condición, de que no haya fraude. Y él, que actúa más como jefe de campaña de Iván Cepeda que como jefe de Estado, se erige como el árbitro de la legalidad electoral por encima de la autoridad y la justicia.
Evidentemente, con la narrativa del fraude su intención no es proteger integridad de las elecciones como sería su deber. La intención implícita de Petro es usar su autoridad de jefe de Estado y su favorabilidad para darle credibilidad a la narrativa de un fraude inexistente, el cual se desplegaría con todos los recursos del Estado, y a los a los cuatro vientos, en caso de que su candidato Iván Cepeda pierda las elecciones.
En el manual del autoritarismo esa es una de las tácticas más usadas y evidentes: cuestionar el sistema electoral para luego declarar un fraude e invalidar la legitimidad de un opositor victorioso. Estamos ante el riesgo de un acto de travestismo político en el que Petro insistiría en usar la narrativa del fraude para invalidar la voluntad popular en caso de que esta le sea adversa. Se trataría en esta lógica de dirigir desde la Casa de Nariño una insurrección contra la voluntad popular, como lo hizo Donald Trump, desde la Casa Blanca, al ser derrotado.
El 19 de abri de 1970, efectivamente el régimen político frentenacionalista y la institucionalidad del bipartidismo le usurparon fraudulentamente el poder a Gustavo Rojas Pinilla, candidato anti-sistema de la Anapo. Cincuenta y seis años después, Gustavo Petro se prepara con la excusa de un fraude inexistente para hacerle lo mismo a sus opositores políticos.
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